La crisis económica y social generada por la pandemia del Covid-19 puso en evidencia la vulnerabilidad económica y financiera de muchas familias peruanas, en especial de las micro y pequeñas empresas. En este contexto, el patrimonio familiar resurge como una figura legal poco utilizada pero valiosa para proteger el hogar frente a situaciones de crisis.
Origen y regulación
Aunque el patrimonio familiar estuvo regulado expresamente en la Constitución de 1979, la Constitución de 1993 no lo recogió de forma explícita, aunque sí establece en su artículo 4 el deber del Estado de proteger a la familia. Es el Código Civil de 1984 el que regula esta institución de manera detallada, dentro de las instituciones de amparo familiar, entre los artículos 488 y 501.
¿Qué es el patrimonio familiar?
Se trata de un régimen especial que recae sobre un bien destinado a servir de vivienda familiar o a la explotación económica (agricultura, artesanía, industria o comercio) para el sustento del hogar. Entre sus principales características: es inembargable e inalienable, no puede ser objeto de garantía, se transmite por herencia (solo la calidad de patrimonio familiar, no la propiedad), y no puede exceder lo necesario para la habitación o el sustento de los beneficiarios.
Beneficiarios y vigencia
Pueden ser beneficiarios los cónyuges, los hijos y otros descendientes menores o incapaces, los padres y ascendientes en estado de necesidad, y los hermanos menores o incapaces. La condición de beneficiario cesa con la disolución del vínculo conyugal o el fallecimiento, la mayoría de edad o el cese de la incapacidad, según corresponda. El patrimonio familiar puede modificarse siguiendo el mismo procedimiento previsto para su constitución.
Excepciones a la inembargabilidad
Si bien el patrimonio familiar es en principio inembargable, la ley permite embargar hasta dos tercios de sus frutos en tres supuestos: existencia de deudas alimenticias del constituyente, deudas provenientes de reparaciones civiles derivadas de condenas penales, y deudas por tributos referidos al propio bien.
Vías de constitución: judicial y notarial
El trámite judicial se inicia con una solicitud no contenciosa ante el Poder Judicial, que se publica por dos días interdiarios; de no haber oposición, el juez aprueba la constitución con opinión del fiscal provincial, elevándose luego a escritura pública e inscribiéndose en el registro de propiedad. El trámite notarial, por su parte, requiere publicar la solicitud una vez en el diario oficial y en otro de circulación local; transcurridos 10 días sin oposición desde la última publicación, se eleva a escritura pública y se inscribe. Ambas vías exigen que el constituyente no tenga deudas pendientes que puedan verse perjudicadas por la constitución del patrimonio, siendo este requisito más estricto en la vía notarial.
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